El Gobierno ha enviado a Bruselas la actualización de sus previsiones económicas y fiscales para este año y el que viene. Para 2024 mantiene el crecimiento previsto en el 2%, una cifra que se antoja muy factible en la medida en que en el cuarto trimestre del año pasado y en el primero de este se han registrado avances trimestrales del PIB del 0,7%. Y para el 2025 eleva su pronóstico en una décima hasta el 1,9%. En cuanto a sus proyecciones de déficit público, sostiene que este descenderá desde el 3,6% del PIB anotado el año pasado hasta el 3% este año y el 2,5% en 2025. “La disminución se realiza por un escenario inercial basado en el incremento de los ingresos por la mejora de la actividad económica y el empleo”, afirma el documento remitido a la Comisión Europea en la noche de este martes.
El Ejecutivo presume de liderar el crecimiento en Europa y de que el empleo se encuentra en máximos y la temporalidad, en mínimos. La ganancia de poder adquisitivo conforme se modera la inflación, la fortaleza del empleo, el crecimiento de la población y unas tasas de ahorro elevadas harán que el consumo mantenga su vitalidad e, incluso, se acelere a tasas superiores al 2% tanto en 2024 como 2025. Y en un contexto en el que el endurecimiento monetario se suaviza, el Ejecutivo espera que la inversión repunte empujada por los fondos europeos tras un comportamiento bastante pobre desde la pandemia. Prevé que sume un 2,8% este año y un 4% el que viene. La otra pata del crecimiento serán las exportaciones de servicios, tanto las de turismo como las empresariales. Estas han tocado máximos alcanzando un peso del 15% del PIB y podrían seguir mejorando en la medida en que se prevé una progresiva mejora en la zona euro. No obstante, las importaciones también engordarán por el aumento de la demanda interna.
La tasa de paro seguirá siendo elevada a pesar del buen comportamiento del empleo. Estará algo por debajo del 11% en el horizonte hasta 2025. La inflación seguirá moderándose sin que se hayan producido efectos de segunda ronda, esto es, una traslación completa a los salarios que alimenta una espiral inflacionista. Tras una subida de la remuneración por asalariado del 5,2% en 2023, el Ejecutivo espera que en 2024 aumente un 4% y un 2,6% en 2025. Y el deflactor del consumo privado, un indicador parecido al IPC, se quedaría en un 2,3% en 2025. De esta forma, con alzas de sueldos por encima de lo que repunta la inflación, los salarios ganarían capacidad de compra. El documento admite que los principales riesgos proceden de la geopolítica y de los efectos que esta pueda tener sobre los precios energéticos o sobre la actividad en la zona euro.
Respecto a las cuentas públicas, el Ejecutivo afirma que la reducción del desfase presupuestario habría sido mayor de no haber aplicado 46.000 millones en ayudas desde el estallido de la inflación. Sin estas, el déficit habría sido del 2,5% del PIB en lugar del 3,6% registrado al cierre del 2023, apunta. Las cuentas de 2024 se caracterizan por la prórroga de los presupuestos al tiempo que se actualizan las pensiones, los sueldos de funcionarios y hay unas mayores transferencias a la Seguridad Social y un repunte del gasto en defensa para cumplir con los compromisos internacionales. Así, el gasto sobre PIB descenderá sensiblemente desde el 46,4% del PIB al 45,6% en 2024 y el 45,4% en 2025, gracias a que hay muchas partidas que crecen por debajo de lo que lo hace la economía incluyendo la inflación. Contribuye decisivamente a esto la supresión gradual de las ayudas por la inflación, con una caída de las subvenciones del 2% al 1,2% entre 2022 y 2024. También ayuda el menor esfuerzo inversor costeado por el Estado. Este cae del 3% de 2023 al 2,7% del PIB en 2024 y 2025. Y las ayudas a inversión y otras transferencias de capital disminuyen del 1,1% del PIB al 0,5% entre 2022 y 2025.
Los ingresos han exhibido un gran dinamismo por el afloramiento de economía sumergida, en especial por el mayor pago con tarjeta, explica el Ejecutivo. La recaudación sobre PIB retrocederá sin embargo en 2024 del 42,8% contabilizado en 2023 al 42,6%. Esta bajada obedece a que los ingresos por impuestos indirectos se han resentido, en parte por las bajadas de impuestos que todavía permanecen para ayudar a las familias con la inflación. Su retirada completa hará que en 2025 vuelvan a escalar hasta el 42,9% del PIB.
No obstante, estos números suponen un mero trámite en tanto que todavía no se han activado las reglas fiscales europeas. Aunque se reduzca en 2025 el déficit por debajo del 3% que marca la disciplina presupuestaria europea, en otoño el Ejecutivo tendrá que remitir a Bruselas un plan fiscal a siete años que ponga la deuda en una senda descendente durante un plazo prolongado de tiempo. Para ello, la Autoridad Fiscal calcula un ajuste anual del entorno del 0,3% del PIB entre 2025 y 2031. Y el Banco de España, del 0,5%. Un ajuste al año entre los 4.000 millones y los 7.000 millones tomando el PIB actual. Este es el verdadero reto. Ya sin inflación, la deuda bajará con más lentitud: este año del al 105,5% del PIB desde el 107,7%. Y el 2025 al 104,1%.
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