Italia expulsará a los migrantes que se declaren menores si los análisis certifican su mayoría de edad | Internacional

El Gobierno de Italia aprobó este miércoles un decreto que acelerará los análisis médicos a los migrantes que se declaren menores de edad y los expulsará si estos exámenes determinan que son mayores de 18 años. También permitirá que los niños a partir de 16 años puedan ser alojados con adultos cuando no haya espacio en los centros infantiles. Esta es la última de las medidas que el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha puesto en marcha para frenar la inmigración irregular y descongestionar los servicios de acogida. De nada han servido hasta ahora. El país ha registrado un volumen de llegadas solo comparable con la crisis migratoria de 2015 y 2016: en lo que va de año, Italia ha recibido 133.131 personas, el doble que en 2022.

En concreto, las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros permiten acelerar las pruebas clínicas a quienes se declaren menores no acompañados, siempre con autorización previa de la Fiscalía. Si la edad referida no es cierta, la justicia italiana podrá acusar al individuo de un delito de falso testimonio y condenarle a la expulsión, según confirmó este miércoles en una rueda de prensa el ministro de Interior, Matteo Piantedosi.

Los exámenes antropométricos son muy controvertidos porque médicos y ONG denuncian que no sirven para determinar la edad real. En España, consisten en una radiografía de muñeca y un análisis de la mandíbula. Hasta 2021 también se les sometía a un desnudo y exploración de los genitales, pero la práctica fue prohibida con la aprobación de la ley de protección de la infancia española. Es un repunte que ha ido aumentando progresivamente, pero que este verano lo ha hecho con especial intensidad. En julio se registraron 23.388 llegadas a través del Mediterráneo Central, un 69% más que en el mismo mes del año anterior. En agosto, la agencia de vigilancia de fronteras de la Unión Europea (Frontex) registró 25.152, 2.000 más que en julio y que en el mismo periodo del año anterior. Desde enero de 2023, las llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo Central han aumentado un 115% en comparación con el mismo periodo de 2022.

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La isla italiana de Lampedusa, más cercana a las costas de África que a las de Europa, ha vuelto a convertirse en una zona caliente. En septiembre, cerca de 12.000 migrantes llegaron en apenas cuatro días, casi los mismos que en todo 2019 a toda Italia (11.471), según Matteo Villa, investigador principal del Instituto de Estudios de Política Internacional (Ispi). El centro de recepción de migrantes, con capacidad para unas 400 personas, ha llegado a recibir a más de 6.000 personas.

Ante estos datos, Meloni pidió ayuda al G-20 y se apresuró a aprobar dos nuevos decretos-ley: el de la semana pasada, para acelerar las expulsiones, y ahora, un cuarto que atañe a los menores. De los llegados a Italia en 2023, 11.650 se declararon menores de edad no acompañados. “Aceleramos las expulsiones de inmigrantes ilegales peligrosos, introducimos una protección total para todas las mujeres y mantenemos la misma para los menores, pero con las nuevas normas ya no será posible mentir sobre la edad real”, ha escrito la dirigente ultraderechista en la red social X.

El Gobierno de Meloni inició en enero su lucha contra la inmigración irregular con un decreto que dificultó las labores de rescate de las ONG en el Mediterráneo. Después, otro eliminó el derecho a protección para inmigrantes sin derecho a asilo. El tercero extendió el tiempo de retención para quienes van a ser expulsados hasta los 18 meses, el máximo que permite la ley, y aprobó la apertura de nuevos centros para albergar a los futuros repatriados.

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Piantedosi también anunció este miércoles otras normas. Por una parte, se contempla el internamiento de menores de edad a partir de los 16 años, con adultos cuando no haya espacio en los centros infantiles. “De forma provisional y por un periodo no superior a 90 días”, ha puntualizado el ministro. También se podrá acelerar la expulsión de migrantes con condenas por motivos de “peligrosidad social”, incluidos aquellos que cuenten con permiso de residencia a largo plazo. Por último, se aprueba que todas las mujeres solicitantes de asilo puedan acceder al Sistema de Acogida e Integración (SAI), que ofrece mayor protección y que hasta ahora estaba restringido a embarazadas o madres con niños.

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Un año de mano dura

Para los expertos en materia de migraciones, la estrategia ha fallado porque se ha optado por aplicar mano dura, en vez de reforzar los sistemas de rescate y acogida. El investigador Matteo Villa sostiene: “Solíamos dar 35 euros por día y por migrante a los centros de recepción, privatizados en su mayoría. En 2018, la cantidad se redujo 25 euros. Con esa cantidad, solo puedes alimentarlos y darles una cama. Así que casi nadie quiere abrir nuevas plazas y el Gobierno no reconoce que este presupuesto es demasiado bajo”.

Juan Matías Gil es jefe de misión del Geo Barents, el barco de salvamento humanitario de Médicos Sin Fronteras que opera en el Mediterráneo Central, y recalca la falta de apoyo europeo. “En 2015 llegaron a Italia 165.000 personas, pero solo 9.000 desembarcaron en Lampedusa porque en ese momento existía la Operación Tritón y las ONG trabajaban bajo la coordinación del Centro de Coordinación Marítima de Roma, así que las personas eran rescatadas antes de llegar a la isla”, recuerda. “Al retirarse estas operaciones, la gente no tiene otra meta que llegar a Lampedusa”, apunta.

Mare Nostrum fue otra gran iniciativa, en este caso italiana, para vigilar casi todo el Mediterráneo central en 2014 y 2015. Luego se convirtió en una europea y el límite operativo se redujo. “El número de personas rescatadas por ONG fue aumentando desde el 0% en 2014 hasta el 42% en 2016, cuando ya desapareció el rescate público”, enumera Villa.

Gil recalca, por su parte, cómo la nueva legislación que restringe aún más la labor de las ONG dedicadas al salvamento humanitario también ha hecho mucho daño. Estas organizaciones tienen prohibido efectuar más de un rescate por travesía y cuando recogen náufragos han de desembarcarlos en el puerto que las autoridades de Roma les indiquen, aunque esté muy lejos. “Ahora, gran parte de las llegadas a Italia son autónomas, pues cuantas más restricciones nos ponen [a las ONG], menos trabajamos, más gente llega a Lampedusa, y hay más accidentes y muertes”. “Las ONG ahora solo intervienen en el 8% de las llegadas. Las demás son llegadas autónomas”, completa Villa.

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De acuerdo a los datos del ISPI, durante el Gobierno de Giuseppe Conte, en 2018, la distancia media que recorrían los barcos hasta desembarcar era solo 65 millas náuticas (unos 120 kilómetros). Con Mario Draghi fue 180. Con Meloni, la media es 420 millas o 775 kilómetros.

De no cumplir con la legislación, las ONG, se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros y a la retención de las embarcaciones de rescate desde diez días hasta indefinidamente, como ha ocurrido ya a MSF y a la española Open Arms a finales de agosto. Pero, al mismo tiempo, estas medidas en ocasiones no son aplicadas ni por quienes las crearon, pues después de un verano tan agitado en el Mediterráneo, han sido las propias autoridades italianas quienes han acabado pidiendo a las ONG que efectuaran los rescates a los que sus guardacostas no llegaban.

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