La Junta de Andalucía suspende la proposición de ley para ampliar los regadíos de Doñana | Clima y Medio Ambiente

Casi dos años y tres elecciones después, parece que llega el deshielo en la guerra entre la Junta andaluza (PP) y el Gobierno a cuenta de Doñana. Este martes ambas Administraciones han sellado el principio de una paz tras un continuo cruce de reproches desde que en enero de 2022 la derecha y la ultraderecha andaluzas presentaran su primera proposición de ley para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana. La norma, que tenía en contra a la Comisión Europea, la Unesco, la comunidad científica y los ecologistas, se queda en el aire de momento.

Este martes, todo eran sonrisas entre el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, cuando han anunciado que la norma autonómica queda suspendida. La marcha atrás llega tras anunciar el Gobierno un plan de 350 millones para proyectos sociales en la comarca de El Condado de Huelva, donde están las tierras que la nueva ley pretendía convertir de secano a regadío. La inversión se suma al plan de choque medioambiental anunciado por el Gobierno hace un año, dotado con 356 millones, con lo que el Ejecutivo moviliza en total unos 700 millones para el parque y la comarca anexa, que vive de los cultivos intensivos de la fresa.

Junta y Gobierno se dan un mes para concretar en qué se gastarán esos 350 millones, tras crear un grupo de trabajo desde ambas Administraciones, que pretenden abrir a los ayuntamientos y agentes sociales de la zona, agricultores y ecologistas.

“Hoy abrimos una nueva etapa de diálogo. Nuestro compromiso es cumplir con Doñana y ofrecer seguridad y progreso. Nos miran los vecinos de Doñana, los españoles y nos observan desde fuera”, ha dicho Ribera, en alusión a las advertencias de la Comisión Europea y la Unesco. Si Bruselas amenazó a España con multas millonarias en caso de que no retirara la ley andaluza por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la institución con sede en París alertó en septiembre de que calificaría a Doñana como Patrimonio Mundial en Peligro si no adoptaba medidas urgentes.

El acuerdo ha llegado in extremis y en medio de una dura batalla entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez por la investidura, solo un día antes de la inclusión de la ley en el orden del día del pleno del día 10 para su aprobación final en el Parlamento andaluz. Moreno se ha mostrado satisfecho con el acuerdo: “Será un diálogo sensato y ambos equipos tiraremos de audacia, capacidad, complicidad y generosidad para encontrar soluciones complejas que ayuden a mejorar el entorno de Doñana, con un equilibrio fino entre protección ambiental y desarrollo económico y social de la comarca”.

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Moreno avanzó este martes por la mañana el acuerdo a los agricultores que se habrían beneficiado de la ley ahora suspendida al carecer de derechos de riego, y estos la recibieron “expectantes”, a la espera de que se concrete el destino del plan de inversión económica, según fuentes de la Junta.

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Tanto Moreno como Ribera han dado por hecho que sus equipos negociadores encontrarán un acuerdo a finales de octubre para definir el destino apropiado del plan social, cuya cuantía de 350 millones es similar al que anunció el Gobierno hace un año para medidas medioambientales en Doñana. Este primer plan estaba destinado a lograr que el agua superficial vuelva a discurrir en la reserva con la fluidez de hace décadas y para comprar fincas de regadío legales y aliviar la situación crítica del acuífero, declarado sobreexplotado hace ya dos años.

El plan de la derecha andaluza para aumentar unas 750 hectáreas buscaba derogar el plan vigente de 2014, diseñado para que el parque nacional se recuperara del saqueo del agua por parte de los agricultores sin permisos. Congelada la proposición de ley del PP y Vox, Moreno se ha comprometido a impulsar las medidas del plan de 2014, que durante nueve años la Junta ha desarrollado a paso de tortuga. “Tenemos que cumplir con ese acuerdo de ley”, admitió el presidente andaluz.

Justo antes de la reunión, Ribera ha declarado: “Confío en que la reunión vaya bien y consigamos sumar fuerzas, no necesitamos ir a ningún tribunal para que nos diga que las Administraciones debemos trabajar por salir adelante en Doñana cerrando el procedimiento de sanción en la Comisión Europea todavía abierto”, ha dicho, en alusión a la amenaza del Gobierno de llevar la ley ante el Tribunal Constitucional.

La Junta no confirmó la reunión hasta tres horas antes del encuentro, del que informó el Gobierno central el lunes por la noche. El portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, destacó el “cambio de opinión” de Ribera a reunirse con Moreno en San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, cuando la ley de ampliación de regadíos “sigue viva y en tramitación”. La posición de la vicepresidenta tercera hasta ahora era que primero debía retirarse la ley y luego sentarse a hablar. Esta posición no era del todo compartida en el PSOE andaluz, cuyo secretario general, Juan Espadas, ha mediado para que la foto de Ribera y Moreno se pudiera materializar este martes.

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PP y Vox

La polémica iniciativa, presentada al alimón por los grupos parlamentarios del PP y Vox, entró en el Parlamento el 3 de marzo pasado, aunque antes la ultraderecha la registró en solitario y arrastró a los populares a sumarse. Aunque se pidió su tramitación por la vía de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, la proposición de ley ha sufrido varios retrasos intencionados. En la anterior legislatura, decayó por el adelanto electoral. En la actual, la iniciativa se metió en dos ocasiones en el congelador por las elecciones municipales y luego por las generales.

El último retraso se produjo el pasado 20 de septiembre. La ley estaba ya con todos los trámites finiquitados lista para su inclusión en el orden del pleno de hace una semana. El portavoz del grupo popular, Toni Martín, anunció a modo de primicia en una entrevista en Canal Sur que se debatiría el pasado 27, pero 48 horas después rectificó y la pospuso para la siguiente sesión de los días 10 y 11 de octubre. Explicó Martín este súbito cambio de opinión en el “aluvión de críticas” que había recibido por coincidir la aprobación final con la primera votación de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. “Garantizamos así un debate propio, limpio y transparente”, argumentó. También negó modificaciones en el texto. “No hay intención de cambiar” ni una coma, dijo.

La proposición de ley del PP y Vox pretendía ampliar las zonas agrícolas regables en la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron fuera de regulación cuando en 2014, con un gobierno socialista y vía decreto, se aprobó y consensuó el Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). El llamado plan de la fresa regularizó de una tacada unas 9.400 hectáreas de un total de 11.000. Los agricultores que quedaron fuera alegan que la cartografía empleada para la regularización estaba plagada de “errores”, por lo que reclaman unos supuestos “derechos históricos” que no recoge ninguna ley.

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La iniciativa no aclaraba a cuántas hectáreas afectaría esa ampliación de regadíos (sí alude a 1.500 agricultores) pero, en una carta remitida a la Comisión Europea en febrero de 2022, la Junta de Andalucía detallaba que estas ascenderían a 748,62. El PP dice que esos cultivos se regarán con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, que está “sobrexplotado”. Ese trasvase, de casi 20 hectómetros cúbicos, está ya comprometido, pero para las zonas con derechos de agua para evitar que saquen agua del acuífero. Y las obras del trasvase no están ejecutadas.

Aunque no tengan agua, el cambio de uso de suelo de secano a agrícolas regables tiene un primer efecto: subir su valor en el mercado. Según datos de WWF, una hectárea de secano está valorada en unos 10.000 euros, mientras que si es de fresón su precio asciende a los 80.000 euros.

En junio pasado, durante el trámite de audiencia de la proposición de ley, que cuenta con el rechazo de la Comisión Europea, de la Unesco, del Gobierno central y de la comunidad científica, la mayoría de la veintena de comparecientes exigieron a los Ejecutivos central y andaluz que dialoguen y busquen una solución a un asunto que está poniendo en un brete al potente sector de la fresa de la provincia de Huelva. Entre las voces que se escucharon atronó sobre todo la del presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes de Castro: “Pueden engordar esta absurda guerra u ofrecer una paz buscando consenso. Les pido que elijan la paz. Tengan coraje y retiren la iniciativa de ampliación de regadíos”, señaló entonces.

El científico, que dirigió la Estación Biológica de Doñana, deslizó que la propuesta era un engaño: “La esencia de la proposición es declarar zonas regables sin agua. Es como ofrecer a los conductores sevillanos y onubenses viajar entre Huelva y Sevilla en AVE. A los conductores les gustaría, pero es una tomadura de pelo. Pienso que nos distraen con un truco: ¿zonas regables sin agua será seguir bombeando, convertir las infracciones penales en administrativas? Tenemos derecho a ser informados como ciudadanos”.

Mientras, la perspectiva ecológica para Doñana es negra, con los humedales bajo mínimos, al igual que los pantanos andaluces, algunos de ellos a menos del 20% de su capacidad.

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