Los jueces ordenan al Gobierno extremeño la demolición del hotel y las viviendas inacabadas de la urbanización de lujo isla Valdecañas | Clima y Medio Ambiente

El Constitucional paralizó en junio, de forma cautelar, la demolición de todo el complejo de lujo Isla Marina de Valdecañas, en Cáceres, ordenada por el Tribunal Supremo en junio. En otra vuelta de tuerca de este caso que se alarga desde hace años, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto en el que acuerda que se demuela “todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento”. Según este tribunal, aquí no se incluyen ni las infraestructuras ni las viviendas a las que se refiere la suspensión del Constitucional. El derribo afecta únicamente, por tanto, al segundo hotel planificado y al resto de viviendas, de las que solo existen unos esqueletos de hormigón, así como a las terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto. Además, se debe proceder a la “restauración y revegetación de la zona”. La ejecución del derribo compete a la Junta de Extremadura.

El resort está situado en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de poco menos de 135 hectáreas, y cuenta con un hotel y un campo de golf de 18 hoyos, ambos actualmente en funcionamiento. También forman parte del complejo 185 chalés construidos, que se utilizan sobre todo como segunda vivienda. Ecologistas en Acción y Adenex, dos organizaciones ecologistas, denunciaron hace 15 años los planes urbanísticos debido a que el resort se ubica en un área declarada Zona de Especial Protección de Aves y forma parte de la Red Natura (áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea).

Durante el largo proceso judicial, en el que se ha determinado que el complejo es ilegal, tanto la Junta de Extremadura -que dio todos los permisos para que se construyera- como los propietarios han intentado parar la demolición. El proceso ha dado múltiples vueltas con sentencias que salvaban las instalaciones y recursos por todas las partes implicadas. En el camino, el Tribunal Supremo dejó claro en una sentencia de febrero de 2022 que el medio ambiente prevalecía sobre el coste socioeconómico que pueda provocar la desaparición de la urbanización, que costaría 145 millones de euros. El Supremo recordó que cuando la Junta de Extremadura aprobó el Plan de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas, que permitió la edificación de las instalaciones y viviendas, “actuó como si la protección del terreno no existiera y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara”. Fue una actuación contraria a derecho “al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico”.

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