Trump, imputado por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 | Internacional

La carrera política de Donald Trump se ha adentrado este martes en un inexplorado territorio, uno más, con la imputación del expresidente republicano por parte de un gran jurado de Washington, tras investigar sus intentos de revertir, apoyado en un supuesto fraude, los resultados legítimos de las elecciones de noviembre de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una horda de seguidores. El candidato republicano deberá comparecer este jueves ante la jueza Tanya Chutkan, del tribunal federal de distrito de Washington, para la lectura de los cargos. Chutkan, que fue nombrada por Barack Obama, es conocida por la dureza de sus fallos en los casos de asalto al Capitolio.

El fiscal especial Jack Smith, que supervisa esta causa y la de los papeles de Mar-a-Lago, se ha mostrado confiado en Trump tenga “un juicio rápido”. “Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos”, ha dicho Smith tras anunciarse la imputación.

Se trata de la tercera que encaja Trump, tras los arrestos de abril en Nueva York en el caso Stormy Daniels, que investiga el pago de dinero negro para acallar a una actriz porno por una relación extramatrimonial, y el de junio en Miami, donde se presentó ante el juez para responder sobre el manejo de centenares de cajas de documentos confidenciales que se llevó sin permiso de la Casa Blanca, cuando dejó a regañadientes el cargo. Los retuvo en su mansión de Mar-a-Lago, pese a los reiterados reclamos de las autoridades. Al menos 31 de esos documentos clasificados atañen a la seguridad nacional.

Pero la gravedad de los hechos que se le imputan, en un año de vértigo judicial para el candidato republicano, supera incluso las dos acusaciones anteriores. Nada menos que asaltar los fundamentos de la democracia, en la institución que la representa, en un enloquecido y finalmente fallido esfuerzo por aferrarse al poder. El mal perder del magnate le cegó hasta el punto de conspirar para defraudar al Gobierno de Estados Unidos que una vez dirigió, mentir repetidamente sobre los resultados de las elecciones, desoyendo las reiteradas insinuaciones de algunos ayudantes para que dijera la verdad, y a la vez conspirando con otros para tratar de cambiar fraudulentamente el resultado de las urnas a su favor. El día de la asonada, en fin, intentó “explotar” el caos presionando para retrasar la certificación de los resultados de las elecciones.

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Si en la causa abierta contra él en Florida está acusado de 37 delitos, esta vez Donald Trump ha encajado cuatro cargos. El primero es por conspiración “con deshonestidad, fraude y engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, escrutinio y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales”, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Asimismo, se enfrenta a una pena máxima de 20 años por conspirar para impedir que el Congreso certificara los resultados delas urnas y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. El cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. Una condena en esta causa, o cualquiera de las otras dos, no impediría a Trump aspirar a la Casa Blanca o incluso ser elegido.

Las afirmaciones de Trump de haber ganado las elecciones, dice la acusación, eran “falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Pero el acusado las repitió y las difundió ampliamente de todos modos -para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y para erosionar la fe pública en la administración de las elecciones”. Una conclusión parecida a la que alcanzó el comité especial del Congreso, formado por legisladores de los dos partidos, que le investigó por el asalto al Capitolio, al convenir que con su actitud Trump puso al país al borde de un golpe de Estado.

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Los fiscales federales sostienen en la acusación que Donald Trump estaba “decidido a permanecer en el poder” mediante conspiraciones que apuntaban a la línea de flotación de una “función fundamental del Gobierno federal de Estados Unidos: el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales”. La investigación se ha centrado en los turbulentos dos meses posteriores a noviembre de 2020, en los que Trump se negó a aceptar su derrota y dijo ser víctima de un fraude electoral. La agitación desembocó en el motín del Capitolio, cuando unos 2.500 partidarios suyos irrumpieron violentamente en el edificio, atacaron a agentes de policía e interrumpieron el recuento de votos electorales en el Congreso.

La tercera imputación contra Trump en cuatro meses se produce mientras lidera la carrera de los republicanos que compiten por la nominación presidencial de su partido para 2024. Hasta ahora, el expresidente había venido desestimando todas las acusaciones atribuyendo a los fiscales una persecución política, una caza de brujas instigada por los demócratas para perjudicarle políticamente. En un disparatado mensaje lleno de teorías conspirativas, su campaña ha arremetido este martes contra el fiscal Smith y contra el presidente Joe Biden. Smith es “el ejecutor de la familia criminal” del presidente demócrata, ha dicho su campaña en un comunicado. “La buena noticia es que el presidente Trump no se deja intimidar y su movimiento America First lo llevará de vuelta a la Casa Blanca, donde desmantelará el Estado Profundo y llevará a la familia criminal Biden ante la justicia”. El equipo electoral de Trump también acusa a Biden y su círculo de enriquecerse “vendiendo acceso al Partido Comunista de China, Ucrania y otros países extranjeros”.    

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Ron DeSantis, el único de la docena de republicanos que aspiran a la nominación para 2024 que puede hacerle sombra -no lo ha conseguido hasta ahora, y va a la zaga en los sondeos de intención de voto-, reaccionó de forma ambivalente, sin mostrar su claro apoyo a Trump pero criticando la decisión judicial. “Como presidente [de EE UU], voy a poner fin a la militarización del gobierno, reemplazar el director del FBI y garantizar un único estándar de justicia para todos los estadounidenses. Aunque he visto los informes, no he leído la acusación. Sin embargo, creo que necesitamos promulgar reformas para que los estadounidenses tengan derecho a trasladar los casos desde Washington a sus distritos de origen”, ha dicho el gobernador de Florida, en un mensaje muy parecido al de las imputaciones anteriores.    

El encausamiento de Trump, quien fue sometido a los pocos días del 6 de enero a un impeachment, el segundo juicio político de su presidencia, se ha hecho esperar 32 meses. El mismo acusado lo hizo notar la semana pasada, cuando vinculó el hecho de que hayan pasado más de dos años y que la imputación llegue precisamente ahora con la certeza de que lidera con holgura las encuestas para ser el candidato republicano en 2024. Es la prueba, sostiene, de que tanta imputación es la manera en la que la Administración de Biden está tratando de empujar fuera de la carrera al rival más complicado para el presidente, que aspira a la reválida el año que viene.

“Caza de brujas”

Como en ocasiones anteriores, la inminencia de la imputación la aireó el propio expresidente en su red social Truth el 18 de julio, cuando dijo que había recibido una carta de Smith en la que le notificaba que lo estaban investigando por el asalto al Capitolio. Smith y el gran jurado continuaron, pese al ruido generado por Trump, con sus pesquisas. Han estado convocando a personas de su entorno para interrogarlas hasta el último minuto, y el lunes la CNN informó de que habían recibido unas 1.000 páginas de documentos que aún no habían tenido oportunidad de revisar. La cadena de noticias también contó que la investigación se había ampliado a una reunión que hubo tan pronto como en febrero de 2020 en la Casa Blanca para poner en marcha el plan de descrédito de las elecciones de ese noviembre, por supuestas irregularidades en las máquinas de recuento electoral y en el voto por adelantado, que se amplió debido a la pandemia.

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Trump tiene otro frente judicial pendiente, que podría materializarse, según la fiscal que lleva el caso, la demócrata Fani Willis, tan pronto como durante el mes de agosto. Es una investigación, en este caso a cargo de un gran jurado especial, por las supuestas maniobras que junto a su equipo llevó a cabo para manipular el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia. La investigación comenzó en febrero de 2021 y tiene como una de sus piedras de toque la llamada que Trump hizo al fiscal general del Estado sureño, Brad Raffensperger, para exigirle que buscara 11.780 votos, uno más de la diferencia que Biden le sacó en Georgia. Un juez rechazó hace unos días la pretensión de Trump de recusar a la fiscal del caso.

El juicio de Atlanta, que supondría su cuarta imputación, se diferencia de los anteriores en que en este Trump podría estar acompañado en el banquillo hasta por 20 personas de su círculo, que han recibido evidencias de que se está estudiando su procesamiento. Entre ellos, hay sospechosos habituales como Rudy Giuliani, abogado del expresidente y exalcalde de Nueva York; Mark Meadows, su exjefe de Gabinete, o John Eastman, presunto cerebro legal tras sus intentos de mantenerse en el poder.

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