España defiende “mecanismos de financiación común” de la UE cuando acabe el plan de recuperación | Economía

La UE tiene que pensar en cómo paga las ingentes cantidades de inversión que precisa para las transiciones gemelas (medioambiental y digital) y la creciente factura en defensa y seguridad. En ese debate, España va dibujando su posición: “Necesitaremos mecanismos de financiación conjunta. Más allá de la Unión del Mercado de Capitales o el BEI”, ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al acabar la reunión de titulares de Finanzas de la Unión. Es decir, el Gobierno español presionará para que haya herramientas como el fondo de recuperación, eurobonos o un presupuesto comunitario de mayor ambición, aunque por ahora no concreta más.

No será fácil que esta posición se abra paso, aunque esté en línea con la de otros países como Italia, Francia y otros países del sur europeo. Lo advierte el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, este mismo viernes en este diario: “A muy corto plazo es muy difícil llegar a un acuerdo sobre los eurobonos porque hay algunos países absolutamente reticentes a esa idea”. El belga se refiere a Alemania, Países Bajos o Dinamarca.

Son los frentes habituales cuando se abren este tipo de debates en la UE, aunque en esta ocasión hay un elemento que puede alterar los equilibrios tradicionales: la Defensa. Los países bálticos y otros del este de la Unión, tradicionales aliados de los países más partidarios del rigor fiscal, apuestan con decisión por el aumento del gasto en seguridad.

Para Cuerpo, ahora es “un buen momento” para abrir la discusión. “Hemos cerrado la discusión sobre reglas fiscales, que delimitan el espacio doméstico para las inversiones”, explica. Está claro el consenso sobre los objetivos “de bienes públicos europeos” sobre los que dirigir las inversiones: medioambiente y defensa. Y en las próximas semanas llegan dos informes que contribuirán al debate. El primero es el de Enrico Letta, ex primer ministro italiano, al que Charles Michel le encargó que analizara el futuro del Mercado Único Europeo. Lo presentará la próxima semana. Aunque lo probable es que sea más bien el otro, el que prepara el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, el que aborde los elementos de financiación común, pues es el que examina directamente la competitividad de la economía europea y cómo mejorarla.

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La postura del ministro español se parece a lo que viene diciendo el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Este, también ex primer ministro italiano, como Letta y Draghi, lleva más de un mes planteando que deben sacarse lecciones de la experiencia del Fondo de Recuperación y de ellas replicar una medida similar para financiar el gasto en Defensa.

Como Gentiloni, Cuerpo también cree que es prácticamente imposible alargar la vida del Fondo de Recuperación más allá de 2026. Italia, en cambio, lleva tiempo pidiendo que se pueda gastar dinero de este mecanismo después de ese año. También lo reclama Polonia, que no ha recibido un euro por las agresiones de su Gobierno anterior al Estado de derecho. Pero ambos países se han encontrado este viernes en Luxemburgo la respuesta habitual: es muy difícil cambiar ese límite temporal porque requiere unanimidad y pasar por los parlamentos nacionales. “Se subraya que la rápida finalización de las inversiones y reformas antes de agosto de 2026 sigue siendo clave para lograr la plena aplicación del mecanismo”, puede leerse en las conclusiones del Ecofin.

Precisamente para poder llegar a tiempo, España ha explicado este viernes a los demás países que va a desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que facilite las gestiones de la empresas ante la administración para poder acceder a los recursos del plan de recuperación. “Sería un gestor artificial que se encargaría de la interacción con las administraciones y que las pymes puedan centrarse más en la actividad productiva”, ha explicado el ministro. Según el español, en lo que sí habría más consenso es en que pida a la Comisión que simplifique la normativa para agilizar los trámites que ralentiza el acceso al dinero y su ejecución.

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