Tres formas de desaparecer bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador | Internacional

A police officer searches a man in Soyapango, El Salvador
Un agente de la policía registra a un hombre en Soyapango, El Salvador.Salvador Melendez (AP)

Los policías capturaron a Henry Joya el 19 de abril de 2022. Eran aproximadamente las 22.00 horas de la noche y él estaba dormido. Lo sacaron a empellones de su casa ubicada en la colonia Luz, en el municipio de San Salvador, y cinco meses después su familia, tras no saber nada de él, lo encontró muerto. El régimen de excepción que el presidente Nayib Bukele impone en El Salvador engulló a este hombre vivo y luego escupió su cadáver en una fosa común en el cementerio de La Bermeja. Pero antes –técnicamente y según organismos de derechos humanos– estuvo bajo “desaparición forzada”.

Joya fue detenido por presunta vinculación con las maras y después fue trasladado al Penal de Mariona, donde las autoridades penitenciarias le proporcionaban a su familia información de su estado. Sobre todo porque sufría una discapacidad mental que causaba que olvidara muchas cosas. Sin embargo, a principios de julio, tras dos meses de detención, las noticias sobre Joya cesaron. No aparecía en los listados de presos de Mariona. Jesús Joya comenzó a buscar a su hermano por otros reclusorios. No encontraba, no daba con él… La familia de Joya acudió a otras instituciones gubernamentales a preguntar por su paradero sin éxito, hasta que Jesús tuvo un “presentimiento” indeseable: buscarlo en el Instituto de Medicina Legal (IML).

Los forenses le mostraron una serie de fotografías de cadáveres a la familia y entre ellas estaba el rostro de Henry, un hombre a quien sus vecinos en la colonia Luz lo describen como “servicial” y que “no se metía en problemas”. El hallazgo fue el 19 de septiembre, pero Jesús quedó atónito cuando le dijeron que su hermano había sido enterrado en la fosa común 73 días antes, mientras lo buscaban de prisión en prisión, de institución en institución, sin que nadie les pudiera dar un pequeño trozo de información.

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El hombre fue exhumado en el mes de octubre y, de acuerdo con el reporte emitido por el IML, murió a causa de un edema pulmonar. “Sin embargo, un testigo que compartió celda con él en el centro penitenciario Mariona, comunicó a la familia que había sido sometido a fuertes golpes de parte de los custodios y que murió a consecuencia de estos”, documenta un informe que La Fundación para el Debido Proceso, junto a otras cinco organizaciones salvadoreñas, presentaron al Comité contra la Desaparición Forzada y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

Tres patrones de desapariciones

El caso de Henry Joya se inscribe en uno de los tres patrones de desaparición forzada que el informe preparado por la Fundación para el Debido Proceso identifica bajo el régimen de excepción en El Salvador. Se trata de una medida controvertida que el popular presidente Bukele ha venido alargando desde marzo de 2022 y, con la cual, ha “neutralizado” la brutal violencia de las pandillas en el país más pequeño de Centroamérica. La medida extraordinaria que suspende las garantías constitucionales ha enviado a prisión a más de 71.000 personas.

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Aunque el Gobierno las vincula a todos los detenidos con las maras, organizaciones de derechos humanos han denunciado 5.490 “víctimas directas”, ajenas a las estructuras delictivas. Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios” hasta julio pasado. El más denunciado es la detención arbitraria con 95%. Sin embargo, ahora se suma el fenómeno de las “desapariciones forzadas de corto tiempo”.

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Los tres patrones de desaparición tienen elementos en común: las personas son capturadas por policías o militares que aplican el estado de excepción. Son capturados en lugares públicos, en presencia de testigos y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, donde se les niega que la detención haya ocurrido, así como el paradero de la persona detenida.

El primer patrón, llamado A, resalta que, tras varias semanas o meses, y luego de mucha insistencia con la policía, “los familiares reciben alguna información que les permite encontrar a la persona detenida en un centro penitenciario”. Mientras que en el patrón B, luego “de varias semanas o meses, y pese a la insistencia de familiares y a la interposición de habeas corpus, los familiares no tienen ninguna noticia de la persona detenida”. “Este parece ser el patrón más frecuente según las denuncias recibidas en las organizaciones suscriptoras de este documento”, expone el informe.

Y por último está el patrón C, de alguna manera el más fatal, en el que se encuentra el caso de Henry Joya: “Son, igualmente, personas capturadas por la policía o militares, en aplicación del estado de excepción, en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información y se reconoce oficialmente que la persona ha sido capturada y enviada a un centro penitenciario. Posteriormente, la familia no tiene ninguna otra información oficial ni comunicación con la persona detenida, y tras varios meses de buscar nuevamente a su ser querido, se dan cuenta a través del Instituto de Medicina Legal o por personas particulares, como por ejemplo una empresa funeraria, que su familiar falleció en el centro penal. Muchas de estas personas son enterradas en fosas comunes, antes de que sus familiares se enteren de su muerte”.

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A finales de julio recién pasado, el Parlamento controlado por el oficialismo aprobó disposiciones transitorias y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas de pandillas y permitir la realización de juicios colectivos. En estas audiencias masivas de hasta 900 detenidos se procesará a estructuras criminales completas, en vez de someter a los acusados a procedimientos individuales. Además, se ha reformado con modos “inquisitivos” la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas y la ley penal juvenil, señala el informe presentado a Naciones Unidas.

“En su conjunto estas reformas facilitan que cualquier persona sea señalada en forma anónima de cometer un delito permanezca en detención provisional oficiosa sin límite de tiempo, sea condenada con prueba viciada, con testigos de referencia, entre otros, facilitando el uso abusivo del régimen de excepción”, critica La Fundación para el Debido Proceso. Críticas que no hacen mella al presidente Bukele, quien sigue ampliando su régimen de excepcionalidad, mientras se ufana por haber construido “la cárcel más grande de Latinoamérica”.

“Armados con estas herramientas legales, policías y militares han llevado a cabo detenciones masivas e indiscriminadas de personas (…) Esta situación se ve agravada por la práctica y/o política ‘de hecho’ de la policía y las autoridades penitenciarias de negar toda información sobre el estado de las personas detenidas a sus familiares o personas defensoras”, lamenta el informe de las organizaciones civiles. “Tampoco existe un registro inmediato de personas detenidas, ni control judicial de las detenciones. En su mayoría son jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, acusados del delito de agrupaciones ilícitas, cuya redacción legal es de tal amplitud que permite y facilita las aprehensiones de personas sin ningún fundamento”.

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